Tras denunciar a Alberto Fernández y a funcionarios de la Agencia Nacional de Discapacidad (Andis), el fiscal Guillermo Marijuan dio detalles de la causa en la que investiga cómo se incrementaron de 70.000 a casi 1.300.000 las pensiones por invalidez en la Argentina, desde 2003 a la fecha, con especial énfasis en la administración anterior.
Es que, según el funcionario judicial, hay una serie de provincias que concentran 50% de estas prestaciones directas que hace el Estado y en esos cuatro años de gestión de Unión por la Patria (UP) se habrían hecho desaparecer requisitos médicos y autorizado a recibirlas solo por estar en “situación de vulnerabilidad económica”.
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