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medicos de ff-Esclavitud y tráfico de personas detrás de la gran estafa de los médicos cubanos


Por Laureano Pérez Izquierdo 26 de marzo de 2019


Durante décadas la ilusión tejida desde La Habana hizo creer que el profesionalismo de los médicos de la Cuba castrista era casi irreemplazable. Que sus conocimientos eran superiores a la media de la salubridad que se ofrecía en el resto del mundo. La propaganda médica se tejió durante años y muchos países -cómplices- se abrazaron a esa fantasía.

Fue así que la isla exportó a sus médicos a varios países hasta convertirlos en casi esclavos. Un negocio perfecto para conseguir dinero para sus arcas a expensas de un trabajo precarizado. Así lo denunció Héctor Schamis, profesor de la Universidad de Georgetown quien hizo pública la demanda que cuatro de esos profesionales Ramona Matos Rodríguez, Tatiana Carballo Gómez, Fidel Cruz Hernández y Russela Margarita Rivero Sarabia– radicaron en el estado de la Florida, Estados Unidos.

Lo hizo en su -hasta ayer- columna semanal en el diario español El País. En Mais Médicos el académico descubrió el velo que pesaba sobre el "tráfico de personas, el trabajo forzoso y la explotación de las misiones cubanas" en el resto del continente americano.

El título de su columna fue el nombre que se le dio al programa que el gobierno de Dilma Rousseff creó allá por 2013. "El Programa Mais Médicos vino para enfrentar el problema histórico de la falta de médicos y para mejorar la Atención Básica en Brasil, principalmente en las regiones más carentes", dice el sitio aún activo de la iniciativa que a simple luz parecería saludable y popular. Sin embargo, encerraba una historia de explotación humana.

La querella presentada por los galenos cubanos recayó sobre autoridades de la Organización Panamericana de la Salud (OPS). "Los cargos son por violación de leyes y convenciones internacionales contra el tráfico de personas y el trabajo forzoso", explica Schamis. Y añade que esa institución firmó los contratos con la Sociedad Mercantil Comercializadora de Servicios Médicos Cubanos.

El libro Mais Médicos publicitado por el gobierno brasileño al cumplir dos años de su implementación

En diálogo con Infobae, Schamis indicó que luego de que Jair Bolsonaro diera por terminado el acuerdo con Cuba "muchos de los médicos, enfermeras, masajistas se quedaron porque la pasaban mal en su país". Alrededor de 300, en cambio, huyeron hacia los Estados Unidos.

"Cuatro de ellos demandaron a la OPS, que actuaba como broker, como intermediaria" con La Habana, dijo Schamis. "El pago del gobierno brasileño iba dirigido un 5% a la OPS, un 10% al salario del médico y el 85% restante a Cuba", manifestó el académico de acuerdo a la demanda presentada en el Distrito Sur de Florida.

"La demanda relata y describe el sistema de reclutamiento. Un cubano no puede rechazarlo. Cuando es convocado, debe firmar un papel aceptando las condiciones. No se les dice adónde van, cuánto van a cobrar. Se enteran recién poco antes de llegar a destino. No pueden ir con pasaportes. Ni siquiera pueden ir con su familia", señaló.

Es que el círculo íntimo de los "misioneros" que permanecen en la isla son la "garantía" de la dictadura para que el profesional regrese a su país. La documentación internacional, en cambio, representa un peligro para que abandonen la isla.

Pero los profesionales de Mais Médicos no van solos. A cada uno de los países a los que son convocados bajo planes similares van acompañados por agentes de inteligencia que los vigilan a toda hora. Ya sea en Brasil, en Venezuela, en Bolivia o en Angola. "Son espiados, los obligan a cumplir con funciones políticas y de propaganda", añade el profesor de Georgetown. "Estos programas se hicieron durante años. Son importantes por las divisas que representan. Lo dice la demanda: son alrededor de 8 mil millones de dólares cada año", sintetiza Schamis.

Infobae tuvo acceso a la demanda. De acuerdo a ella, desde 2013 la OPS tuvo una ganancia de 75 millones de dólares sólo en concepto de intermediaria entre el gobierno brasileño y el régimen cubano. En ella se acusa a Joaquín Molina, representante de la institución ante Panamá y Alberto Kleiman, Director de Relaciones Externas del organismo.

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